Por qué los parlamentos deben ser disolubles

Esta es una hora de mutaciones sociológicas y de mutaciones constitucionales. No se puede mantener a ultranza como un dogma inflexible la indisolubilidad de las cámaras, como si nada hubiera cambiado en la teoría jurídica y en la colectividad. Se introdujo en las Chartas de Haya (1979) y de Fujimori (1993) esa posibilidad. Pero tímidamente. Era fundamental haber censurado tres o dos gabinetes sucesivamente, sistema complejo, lento, burocrático, iluso.

Las masas son volubles y no se puede mantener la rigidez del presidencialismo en que quien gana las elecciones se lleva todo: la jefatura del Estado, los ministros, el Parlamento. Hay que ir a un sistema más flexible en que las cámaras puedan ser disueltas y recompuestas y que éstas elijan un Primer Ministro que sea un maxipremier (al estilo de Felipe González o Willy Brandt) y no un minipremier, como dice Sagüés al aludir al híbrido sistema peruano. Un Primer Ministro que no es el premier, es decir el primero, sino el último. El dernier. Un polichinela vapuleable que cae porque renuncia, porque el Parlamento lo despide o porque el Presidente lo desahucia. El tema es difícil de explicar teóricamente.

Como dice Georges Burdeau, el peor método para abordarlo consiste en tratarlo abstractamente. Por eso mencionaré aquí tres casos que son espécimenes de seminario acontecidos en nuestro país durante el siglo XX en que el parlamentarismo y la disolución, y no el presidencialismo imperante y su rigidez, habrían salvado al Perú de tres golpes militares.

Son los de Guillermo Billinghurst (1914); José Luis Bustamante y Rivero (1945-48) y Alberto Fujimori (1990-92). Si las crisis provocadas por el encuentro del primero con la oligarquía; del segundo contra su elector, el APRA; y del tercero versus los partidos democráticos, se resolvían dispersando al Parlamento, la democracia se hubiera salvado con sendas victorias contra el militarismo civilista, contra el antiaprismo dinosáurico y contra los sectores ultraparlamentaristas.

De allí se desprende mi pregunta principista: ¿Qué preferiría sacrificar Alan García (o cualquier Jefe de Estado futuro) si se agudizase la decadencia del Parlamento (que según una encuesta de Apoyo tiene sólo un cuatro por ciento de aceptación), si esa crisis afectase a todo el sistema y a la estabilidad democrática? ¿Mantendría fanáticamente el dogmatismo constitucional? ¿O preferiría disolver y convocar inmediatamente a nuevas elecciones? Esta es sólo una especulación teórica. Como ha dicho acertadamente Jorge del Castillo Javier Valle-Riestra no representa ni al gobierno ni al Partido Aprista.

Es verdad; no me he arrogado esa personería. Solo soy un aprista sin carné, iconoclasta y heterodoxo. Un filósofo en la roca; un profeta apedreado que propone reformar un arcaico sistema constitucional para permitir por razones de Estado apelar plebiscitariamente al pueblo y recomponer legítimamente sistemas en quiebra.

El Senado funcional

Durante los años que le quedan teóricamente a este Congreso unicameral –experimento frankesteniano del fujimorismo– se acentuará el desprestigio del Parlamento como institución. Por eso yo proponía restaurar hoy a los senadores disueltos el cinco de abril de 1992 para que ad honorem desempeñen sus funciones, reemplazando a los muertos (L.A.S., Ulloa, Polar, Ramos Alva, Del Prado) con los accesitarios. Eso sería un desarrollo del Art. 307 de la Constitución de 1979 que autoriza a cualquier ciudadano investido o no de autoridad a restaurar la magna lex en caso de profanación o de golpe de Estado. Pero es obvio que no va a prosperar mi tesis.

Entonces, viene la pregunta: ¿Cómo debe ser ese Senado? Evidentemente que no puede tener el mismo origen electoral ni las mismas atribuciones que la Cámara Baja.

Concibo un Senado funcional mediante sufragio gremial y profesional, tal como se proyectó en 1931. Uno de los grandes debates del siglo XIX fue protagonizado por el brillante reaccionario Bartolomé Herrera, presidente del Congreso Constituyente de 1860 y Obispo de Arequipa.

Defendía contra los Gálvez, grandes liberales, la tesis de la soberanía de la inteligencia. Se enfrentaba así a la irrecusable doctrina de la soberanía popular.

El Senado –sostenía visionariamente Herrera en su proyecto constitucional autoritario– era corporativo y funcional, se componía de treinta miembros, tres por cada una de las diez carreras siguientes: la carrera política (ministros de Estado, ministros diplomáticos, prefectos, oficiales mayores); la carrera de Hacienda (jefes de oficina en ese ramo, incluyendo los de correo); la magistratura; el clero; el Ejército y la Marina (de coroneles para arriba); la carrera parlamentaria (los que hubiesen sido representantes tres veces o hubieran concurrido a tres legislaturas); las profesiones científicas; los propietarios de predios rústicos y urbanos; los mineros y los comerciantes con capital mayor a 200,000 pesos.

En el Congreso Constituyente de 1931 prevaleció la tesis del unicameralismo defendida por Luis Alberto Sánchez contra la del bicameralismo sostenida por Víctor Andrés Belaunde. Ambas tendencias proponían, empero, la funcionalización del Parlamento. Es decir, que representantes de los diversos sectores de la producción y de la cultura se constituyeran en cámaras. Se propuso para 1939 el Senado funcional; desgraciadamente no se instaló.

Y así el bicameralismo que hemos vivido ha sido, con unas variantes a partir de 1979, el de dos cámaras mellizas, elegidas por el voto popular. Por eso reclamo el Senado funcional. En Irlanda, por ejemplo, los cuarenta y tres escaños senatoriales son repartidos así: once para agricultura y pesca; once, para los trabajadores asalariados; nueve, industria y comercio; siete, administración; cinco, cultura nacional, literatura, bellas artes, profesiones jurídicas y médicas.

Nosotros debemos agregar al sindicalismo (CTP, CGTP), a representantes del capital nacional y extranjero, de las Fuerzas Armadas. Así que no es una idea lucubrada estrambóticamente.

Onomatopeya o prosopopeya pero no epopeya

No merece los elogios eunucos que se le han hecho. Los pueblos peruano y boliviano aparecen como ignorantes. Ridiculizan al héroe altoperuano Eduardo Abaroa. En escena fugaz, en Chorrillos 1881, aparece un soldado chileno moribundo ejecutado por un militar peruano. ¿Por qué no aluden, si son imparciales, a los once bomberos italianos que fusilaron allí? Pero lo más interesante es que se nos conduce a debatir las causas inmediatas o aparentes del conflicto. Pero no la principal: la vocación chilena expansionista.

Bolivia tenía como límite meridional el paralelo 27, de acuerdo a lo regulado por la Audiencia de Charcas. Las primeras Constituciones chilenas reconocieron que las fronteras de su país se extendían hasta el territorio de Atacama. Chile decidió desde 1840 apoderarse de ese desierto y suscribió con Bolivia, en 1866, un Tratado que señalaba como limite el paralelo 24 de latitud meridional e impuso un condominio en la explotación del guano y del salitre. En 1874 otorgaron ambos países otro Tratado, volviendo a señalar ese paralelo como su hito. Pero, como el 14 de febrero de 1878, el gobierno del General Daza promulgó una ley creando un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado, tropas chilenas desembarcaron en Antofagasta y se apoderaron del territorio situado al sur del paralelo 23 y al norte del 24.

El Perú se vio arrastrado a la guerra porque había firmado, en febrero de 1873, una alianza defensiva con Bolivia. A consecuencia de dicho instrumento perdimos Tarapacá en 1883 (Tratado de Ancón) y aceptamos inexplicablemente un plebiscito sobre el destino de Tacna y Arica. ¿Qué plebiscito cabía en provincias histórica y sociológicamente peruanas? Chile sabía que iniciaría una campaña de desperuanización y de sabotaje del referéndum. Este proceso culminó con los informes que confirmaron su no viabilidad por el vandalismo chileno. Tuvimos en 1929 que renunciar a Arica.

Visionariamente el ministro Diego Portales en 1836, al dirigirse al almirante Blanco Encalada, antes de su expedición contra la Confederación Perú-Boliviana, le decía: “(...) debemos dominar para siempre en el Pacífico: esta debe ser su máxima ahora, y ojalá fuera la de Chile para siempre…” Esta primera expedición capituló en Paucarpata. Chile decidió una segunda expedición “restauradora”. Y zarpó una flota desde Coquimbo el 19 de julio de 1838. Fuimos derrotados en Yungay.

Y una marcha de ese nombre es el himno chileno. Así que con la historia clínica de ese país no podemos confiar que posea una voluntad indoamericanista porque tiene un designio imperial y prusiano. Hoy mismo hablan del Mar Presencial de Chile (tesis del almirante Jorge Martínez Bush, ex Comandante en Jefe de la Armada chilena, consagrada en la ley 19080), en cuya virtud fabrican un Chile continental, otro antártico y otro polinésico que tiene una significación totalitaria, geopolítica, hitleriana. Dos epopeyas: la chilena de 1879 y la nazi de 1939.